Crimen organizado oficial en torno a la libertad de expresión en Yucatán

Si funcionarios de los que cobran sueldos del gobierno estatal lanzan impresos y los distribuyen entre el público para tratar de hacerle creer a la gente que los que dicen verdades contundentes acerca de ese gobierno al que "sirven" son "gente mala", estamos ante una forma más de franca represión anti constitucional a la libertad de expresión. No existe otra manera de llamarle a esa acción.

La libertad de expresión se viola también cuando se usa dinero público para que se le haga creer al público que las cosas que hace un gobierno están "bien" cuando en realidad se está dando todo lo contrario. Esto es exactamente lo que estamos viviendo en Yucatán.

La existencia de un periódico que contiene notas cuyo sentido solamente responde a un pago hecho o no hecho por parte de quien en esa nota se escribe bien o mal, pero no responde a la realidad relevante para el juicio fundado del ciudadano al momento de tomar una decisión colectiva, significa una afrenta al derecho a la información veraz y sustentada que tiene todo ciudadano mexicano. Esta violación es aún peor cuando se trata de que es dinero público el que se usa para engañar al ciudadano.

¿Por qué tenemos tantos años con algo en este sentido sucediendo en forma ininterrumpida en Yucatán? Respuesta: porque muchos empresarios yucatecos no han tenido el valor civil de no pagar la extorsión solicitada por los directivos de ese periódico subvencionado con dinero público desde su inicio.

La imagen pública del ex gobernador Patrón Laviada fue destruida, día a día, a través de las notas de las páginas del periódico que publica solamente según tratos previos y pagos realizados. Los asuntos locales —de gran importancia para el progreso cívico de cualquier sociedad— no son tratados de acuerdo a lo que objetivamente sucede, sino siguiendo los intereses de "contrato" con quienes pagan el sentido de las notas.

Estamos ante delincuentes informativos —en el caso de los que publican notas pagadas— y ante delincuentes oficiales —en el caso de los que pagan la producción y distribución de pasquines que usurpan nombres de periódicos debidamente registrados ante todas las instancias legales.

Y son cómplices de esa delincuencia los empresarios que continúan pagando a pesar de tener pleno conocimiento de la dimensión del mal que esa forma de actuar le genera a Yucatán.

Los delitos están públicamente conformados y son obvios. Toca a las entidades judiciales investigar, detener y juzgar a los participantes. El pasquín es idea y negocio de los mercenarios de la prensa en contubernio con "autoridades" incapaces de debatir con argumentos inteligentes.